INFÓRMATE

Se están produciendo violaciones de los Derechos Humanos, ejerciendo violencia física contra aquellos que intentan cruzar la frontera, y utilizando elementos como alambradas con cuchillas y materiales antidisturbios para “disuadir” a aquéllos que intentan entrar en territorio español. Se están llevando a cabo prácticas abusivas y no ajustadas a la legislación vigente (las llamadas “devoluciones en caliente”) con el objetivo de impedir la entrada en nuestro país de personas que, en muchas ocasiones, están tratando de escapar de situaciones de conflicto, violencia e inestabilidad política y social en sus propios países. De este modo, se les niega la posibilidad de pedir asilo y por lo tanto, el acceso a un procedimiento de protección internacional.

En Andalucía Acoge estamos utilizando todas los cauces legales para evitar que hechos como estos se sigan produciendo. Si quieres conocer los detalles de los procesos judiciales en los que actualmente estamos inmersos, puedes pinchar en este enlace.

El concepto de “devolución en caliente” (término que carece de valor jurídico), alude a la práctica de expulsar sin ningún tipo de garantía legal a las personas que intentan entrar en territorio español, contraviniendo lo que la normativa nacional e internacional estipulan.

Actualmente, existen 12 normativas legales que están siendo vulneradas por las “devoluciones en caliente”, ya sea a nivel estatal, europeo o internacional:

1. Ley de extranjería
   La devolución de extranjeros que hayan sido interceptados en la frontera o sus inmediaciones requiere una resolución de las autoridades, asistencia letrada y de un intérprete (art. 58.3.b) LOEx).
2. Ley de asilo
   Las expulsiones en caliente, en cuanto impiden alegación y tratamiento individualizado, imposibilitan el ejercicio del derecho al asilo de la Ley 12/2009.
3. Constitución española
   El artículo 13.4 reconoce el derecho al asilo en los términos que establezcan los tratados y la ley.
4. Código Penal
   Los funcionarios que expulsan a los inmigrantes pueden incurrir en varios delitos, como coacciones, privación de asistencia letrada y prevaricación.
5. Directiva de retorno
   Exige a los Estados miembros de la UE la existencia sistemas justos y eficaces que garanticen el derecho de asilo (Directiva 2008/115/EC).
6. Directiva de asilo
   Obliga a las autoridades a proporcionar garantías legales a todo demandante, como la asistencia jurídica, y de un intérprete (Directiva 2005/85/EC).
7. Carta de los Derechos Fundamentales de la UE
   El artículo 18 garantiza el pleno ejercicio del derecho de asilo. El 19.1 prohíbe las expulsiones colectivas.
8. Convenio europeo de Derechos Humanos
   El artículo 3 prohíbe la tortura, penas o tratos inhumanos y degradantes. El 13 garantiza el derecho al recurso efectivo.
9. Convención de Ginebra
   La expulsión del refugiado únicamente se efectuará en virtud de una decisión conforme a los procedimientos legales vigentes (art. 32), es decir, debe contar con protección jurídica efectiva.
10. Estatuto de los refugiados
    El Protocolo de 31 de enero de 1967 aplica la Convención de Ginebra de la ONU a todos los refugiados, más allá de la fecha límite establecida en 1951.
11. Declaración Universal de los Derechos Humanos
    El artículo 12 reconoce que toda persona tiene derecho a buscar asilo.
12. Pacto internacional de los Derechos Civiles
    Garantiza el derecho a recurrir, acceso a un procedimiento de expulsión y la asistencia jurídica con intérpretes.

El Ejecutivo defiende la legalidad de las devoluciones en caliente, alegando que se ajustan a la legislación nacional e internacional. Actualmente, existe un proceso en marcha para dar cobertura legal a las expulsiones inmediatas que se producen en la frontera de Melilla sin ningún tipo de garantía jurídica. El Partido Popular ha presentado una enmienda a la Ley de Seguridad Ciudadana para cambiar la Ley de Extranjería y dar vía libre a las expulsiones en caliente, alegando la “singularidad geográfica, fronteriza y de seguridad de Ceuta y Melilla”.

El anuncio del Gobierno ha activado la voz de alerta de diferentes expertos y juristas consideran «inconstitucional» la legalización de las expulsiones inmediatas de inmigrantes, ya que la Constitución Española recoge la obligación del Gobierno de cumplir con los tratados internacionales sobre derechos humanos. Recientemente, Cecilia Malmström, Comisaria de Asuntos de Interior en la Comisión Europea, le recordaba al estado español que “no debe recurrirse a la fuerza para disuadir del cruce de fronteras no autorizado. Además, la vigilancia de las fronteras debe llevarse a cabo sin perjuicio de los derechos de las personas que soliciten protección internacional, en particular en lo que se refiere al principio de no devolución y al acceso efectivo al procedimiento de asilo”. Por su parte, el Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Nils Muiznieks, que pedía investigar lo ocurrido el pasado día 15 cuando un joven, tras recibir varios golpes por parte de agentes de la guardia civil, era entregado a las autoridades marroquíes, según los videos aportados por la organización PRODEIN. Aparte, son numerosas las entidades, organizaciones y personas a título individual que han alzado su voz en contra de los que parece ser una “legalización de la ilegalidad”, pensada para dar cobertura jurídica a unas prácticas que vienen llevándose a cabo desde hace mucho.

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